Las instituciones que trabajan con discapacitados no tardaron en manifestar el disgusto, por lo que ahora se resolvió “suspender” la resolución, algo que no significa eliminarla.
“Esta resolución afecta directamente a todo lo que tenga que ver con salud y educación de los discapacitados”, remarcó Mazzone. Y el comunicado emitido por Don Orione expresa: “Se expone a estas personas a quedar sin atención o a que sus familias afronten los costos”, algo que no siempre pueden hacer.
En Argentina se calculan que son alrededor de 100.000 las personas que estarán afectadas por la medida.
Además, de esta resolución momentáneamente suspendida, la Subsecretaría de Servicios de Salud no está inscribiendo a las instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad en su registro de prestadores. Esto las deja en una situación vulnerable ante las obras sociales. Por otra parte, Pami tomó la atribución de bajar las categorías de las instituciones prestadoras de servicios, lo que se traduce en el pago de valores inferiores a los que corresponden.
